¿Quién decide el futuro de las ciudades?

Por Laura Ballesteros / diputada

La construcción del tren México-Toluca debe sentar un precedente en la forma cómo la autoridad se coordina entre los distintos órdenes de gobierno, así como en la manera en la que rinde cuentas a una sociedad cada vez más integrada en una de las zonas metropolitanas más importantes del mundo.

Un cambio de paradigma que tenga impacto en los hechos. Pocas veces en la historia de México el derecho ciudadano a la movilidad ha sido abordado como en el presente. A nivel local se demostró que las ciudades pueden dotarse de legislación avanzada que transforme su rostro urbano, como es el caso de la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal. En lo nacional, el mismo Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Infraestructura, muestran un compromiso más claro y un objetivo más sofisticado en la importancia que tiene la movilidad en el bienestar de los mexicanos.

Del papel y la planeación a los hechos. Éstos y otros ejemplos sustantivos muestran que existe una plataforma para lograr y documentar mejores prácticas en materia de movilidad. Sin embargo, debemos reconocer que esta plataforma es una condición necesaria, pero no suficiente en el objetivo compartido de contar con sistemas integrados de transporte seguros y de calidad que en la cotidianidad representen alivios a los tiempos y costos que los usuarios le destinan semana con semana.

Una vía de tren por sí sola no hace primavera. La construcción del tren México-Toluca y la obra del Viaducto Periférico-Santa Fe requieren ser acompañadas de un ambicioso programa integral de planeación, de forma que ambas signifiquen un reordenamiento de los flujos de transporte en el Poniente de la ciudad de México y de la zona conurbada del estado de México. Planeación que requiere de una amplia coordinación entre autoridades, reserva de recursos económicos y alternativas para aminorar los impactos en la movilidad de los ciudadanos durante los periodos de construcción.

Todo empieza por la transparencia. A efecto de facilitar la coordinación entre autoridades y de que la sociedad en su conjunto tenga claros los beneficios de las obras, es necesario crear los mecanismos específicos de transparencia que facilitarán el acompañamiento en la generación de infraestructura. Socializar los detalles del proyecto, las fases de construcción, las acciones de mitigación de impacto urbano, ambiental y económico, así como las medidas paralelas que deberán ser ejecutadas por los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, son claves para que los beneficios sean verdaderamente sociales y no macro obras que sólo sirven para la foto... y para ahondar el caos vial. Hoy, la tecnología y la Ley Federal de Transparencia son las vías para ordenar este proceso de colaboración administrativa interinstitucional y de rendición de cuentas a la sociedad.

Recursos que sirvan para la creación de un Plan Metropolitano de Movilidad. Ante la carencia de una agenda clara para el desarrollo de las ciudades que sea consecuente con los mismos planteamientos generales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, hoy las decisiones de crecimiento urbano, infraestructura y de movilidad parecen estar siendo tomadas por los dueños de grandes capitales que buscan, más que satisfacer las necesidades de la ciudadanía, encontrar buenas oportunidades de negocio. La creación de un Plan Metropolitano de Movilidad es una oportunidad de oro para romper con este lastre y dejar el futuro de las ciudades en manos de sus habitantes y de la coordinación entre gobernantes a través de una visión competitiva y sustentable.

Será fundamental la asignación de un porcentaje del presupuesto del proyecto de tren interurbano para financiar estudios de accesibilidad, impacto urbano y espacio público. Asimismo, será necesaria la intervención de un tercer actor que goce de credibilidad nacional e internacional para hacer los estudios de impacto urbano, ambiental y movilidad.

Aprovechemos el andamiaje institucional. La zona metropolitana del valle de México cuenta con mecanismos institucionales que en el pasado han facilitado foros de coordinación entre autoridades, y que con las nuevas disposiciones jurídicas y planteamientos de desarrollo, pueden mejorar el diálogo y concertación entre órdenes de gobierno. Ejemplos de ello son la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, o inclusive, mesas de trabajo exprofeso para que la planeación y ejecución del tren interurbano genere mejor movilidad y no más nudos viales.

El reto es trascender al anuncio de las grandes obras y empezar a sentar nuevos paradigmas a favor de la movilidad urbana, a favor de sistemas de transporte seguros, sustentables y eficientes. Veamos hasta dónde la autoridad federal y los gobiernos metropolitanos están dispuestos a ello.

@LBallesterosM